El diputado Hugo Rangel Vargas al hacer entrega de su Segundo Informe de Actividades Legislativas a la Presidencia de la Mesa Directiva, señaló que más allá de números, su trabajo se ve reflejado en iniciativas que incluyen el sentir de la ciudadanía.

“Hemos procurado que esta sea una representación verdaderamente del pueblo, cercana al pueblo, no anteponiendo prioridades personales que nos puedan ganar reflectores fáciles”, precisó, y como ejemplo, explicó el trabajo que actualmente se lleva a cabo en la Cámara de Diputados en apoyo a los mezcaleros, buscando que se reduzcan los impuestos que actualmente deben cubrir.

Ante el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García y de sus compañeros Reyes Galindo Pedraza, Sandra María Arreola, Antonio Carreño Sosa y Juan Carlos Barragán Vélez, resaltó que su trabajo legislativo ha preponderado la calidad sobre la cantidad, buscando procesar las necesidades imperantes de las y los michoacanos.

Compartió que su trabajo lo ha estructurado bajo 5 ejes temáticos: movilidad, juventudes, derechos humanos, reforma electoral y gestión social.

Al respecto, Hugo Rangel explicó que impulsó reformas sobre temas que habían quedado pendientes en la Ley de Movilidad, las cuales, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes,  procesaron de manera conjunta con la autoridad encargada de regular el transporte así como con los grupos de transportistas, lo que les permitió construir una reforma sólida.

De igual forma, propuso la regulación de las plataformas digitales como Uber, las cuales –dijo- generan un poco de competencia desleal hacia los transportistas que pagan su concesión y que pagan año con año derechos e impuestos;  así mismo, colocar en la ley, la operación del teleférico y el Morebus para establecer las obligaciones jurídicas que tendrán los operadores y las empresas concesionarias. 

Ante representantes de sectores políticos, empresariales y de transporte, Hugo Rangel explicó que a través de la iniciativa de la Ley Oliver, se determina la  obligación que tiene el Instituto de los Jóvenes de establecer protocolos para la detección y atención temprana de estos síntomas de violencia cotidiana que viven los jóvenes en la entidad. 

“También platicamos la necesidad de que una vez que los jóvenes que son primo delincuentes concluyan sus procesos de reinserción social, el Estado no los vuelva a arrojar al mismo entorno que los llevó a delinquir, necesitamos que las instituciones públicas generen programas de hogares temporales que vayan paulatinamente acercando a los chicos que delinquieron, por primera vez a procesos de reincorporación”, detalló. 

En su oportunidad, Baltazar Gaona García destacó el trabajo de su compañero, con quien dijo, comparten no sólo el trabajo dentro de la Septuagésima Sexta Legislatura, “sino que también compartimos la responsabilidad de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y esto es que nos una visión política que coloca en el centro a todo, a las y los michoacanos”. 

Agregó que esa conciencia les exige actuar por congruencia y demostrar mediante resultados que la política sí puede ser una herramienta útil para transformar la realidad en beneficio para todas y todos.

Baltazar Gaona puntualizó que durante el segundo año legislativo, el trabajo de Hugo Rangel demostró su impulso para la generar instituciones más modernas, garantizar una movilidad segura y fortalecer la dignidad de las y los michoacanos.

“El gobierno bedollista le debe a Michoacán, siete presidentes municipales asesinados en funciones, jineteo y desvío de fondos vitales como el Fortapaz y el Fortamun”, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, al recordar que esta administración estatal ha sido centralista y ha abandonado a los municipios hasta asfixiarlos financieramente. 

“Están buenos para ir a un torneo de jaripeo, no para gobernar, son buenos para jinetear, no para gobernar. Obras suntuarias centralizadas en lugar de atender el rezago municipal, nadie puede vestirse de municipalista cuando sus hechos demuestran centralismo, abandono y asfixia financiera. En el PRI seguiremos exhibiendo estos atropellos”, dijo.

Lamentó que por ser el único en el Congreso estatal, durante la entrega del Quinto Informe de Gobierno, que se atrevió a levantar la voz por los alcaldes michoacanos, el gobierno morenista haya querido enviar el mensaje público sobre su supuesta vocación municipalista, la cual ha quedado claro, por lo menos entre los ediles priistas, que no existe en esta gubernatura. 

“Les ardió harto lo que dije porque en toda la agenda de esta semana el gobierno se puso a tratar de generar una percepción de que sí tienen espíritu municipalista. Pero pues a nosotros no nos van a callar y desde aquí le sigo diciendo al gobernador que no han cumplido, están asfixiando las finanzas de los municipios, no les dan los recursos de las partidas presupuestales, y si se los dan, no es lo que corresponde, lo que está estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal”, mencionó. 

Memo Valencia insistió públicamente en la necesidad de que los presidentes municipales emanados del PRI, sostengan una reunión con el mandatario estatal para tratar este tema de las aportaciones.

“Yo sigo pidiendo públicamente una reunión con el gobernador y los alcaldes priistas porque no los ha recibido, ha sido indolente, no ha escuchado a los presidentes municipales priistas. El reto, que el gobierno publique el Faeispum desagregado por partido político, que nos diga partido por partido cuánto les ha dado de Faeispum, incluyendo a los alcaldes de Morena porque no los han tomado en cuenta”, aseguró.

Finalmente, pidió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, “que me hagan llegar en mi calidad de diputado, es mi derecho, toda la información”, porque el libro que le entregaron en el Congreso del Estado el pasado 15 de septiembre, no contiene anexos con los datos y números para conocer el balance correcto que guarda la administración de Michoacán. 

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Edna Martínez Nambo, regidora de Morelia y dirigente estatal del ONMPRI.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera tiene el objetivo de fortalecer el control de las operaciones de comercio exterior, combatir la subvaluación de mercancías importadas y proteger, tanto el interés fiscal, como las condiciones de competencia de la producción nacional.

En el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con funcionarios públicos para analizar la iniciativa de la Ley Aduanera, el legislador petista explicó que la propuesta parte de la detección de prácticas recurrentes que reducen la recaudación, generan ventajas para importadores que incumplen sus obligaciones y afectan a productores nacionales que enfrentan mercancías ingresadas al país con valores artificialmente reducidos.

En ese sentido, Sandoval Flores reiteró que la modificación favorecerá una política industrial vinculada con el mercado interno, ya que se busca que el comercio exterior contribuya a favor del desarrollo productivo nacional y no se convierta en una vía para generar ventajas artificiales y se garanticen condiciones más equitativas.

Asimismo, señaló, la iniciativa mantiene mecanismos que acrediten la legalidad de las operaciones y subrayó que no plantea que el importador, cuya mercancía sea embargada, pierda automáticamente sus bienes ya que se prevé que, si la persona interesada aporte documentos que justifiquen la legal estancia o demuestre su valor correcto, se procederá a la devolución inmediata, es decir, no elimina el derecho de la defensa del contribuyente.

Finalmente, el diputado federal del GPPT cuestionó al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez sobre los elementos técnicos y objetivos que fundamentan la propuesta de eliminar la posibilidad de otorgar la garantía prevista en el artículo 86-A de la Ley Aduanera, en el contexto de las acciones de combate a la evasión fiscal y del fortalecimiento de la recaudación aduanera.