Con el objetivo de garantizar justicia, certeza jurídica y proporcionalidad en la actuación de las autoridades municipales, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en la que propone que nadie sea sancionado administrativamente sin responsabilidad acreditada, a fin de proteger a negocios de sanciones injustas, ya que inocentes no deben pagar por delitos que no cometen.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora expuso que en cada municipio de Michoacán existen familias que todos los días levantan la cortina de su negocio con la esperanza de salir adelante, tras haber invertido ahorros, solicitado préstamos o trabajado durante años para consolidar un proyecto propio. 

Señaló que para muchas personas, una tienda, restaurante, farmacia o cafetería no es solo un establecimiento, sino el sustento y patrimonio familiar, por ello, con esta reforma se busca que no se den más sanciones automáticas a negocios por actos de terceros.

La diputada explicó que abrir un negocio formal implica cumplir con requisitos, realizar trámites, pagar derechos y respetar reglamentos, por lo que contar con una licencia municipal representa la voluntad expresa de cumplir con la ley. Sin embargo, advirtió que actualmente, cuando en las inmediaciones o al interior de un establecimiento ocurre un delito cometido por un tercero, en algunos casos la consecuencia inmediata es la clausura o la imposición de multas al negocio, aun cuando el propietario no haya participado ni tolerado el hecho.

“Y entonces ocurre algo profundamente injusto, quien también fue víctima termina siendo tratado como responsable”, subrayó Grecia Aguilar Mercado, al destacar que para pequeños comercios incluso unos días de cierre pueden significar pérdidas irreparables, el despido de trabajadores o el cierre definitivo.

La iniciativa establece que la comisión de un delito por parte de terceros no puede traducirse automáticamente en sanciones administrativas para el establecimiento. La propuesta plantea que toda medida sancionatoria deberá derivar de un procedimiento formal, con derecho de audiencia y con responsabilidad plenamente acreditada, garantizando el respeto al debido proceso.

La coordinadora parlamentaria de la fuerza naranja en el Congreso del Estado precisó que la reforma no busca debilitar las facultades de los municipios ni generar impunidad, sino asegurar que la potestad sancionadora se ejerza con legalidad, justicia y proporcionalidad. 

Por lo anterior también se establece claramente que en los casos donde exista participación, encubrimiento o incumplimiento de la ley por parte del establecimiento, las sanciones deberán aplicarse con firmeza.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado afirmó que el deber del Poder Legislativo es proteger a quienes cumplen con la ley y trabajan honestamente, enviando un mensaje claro a miles de comerciantes michoacanos, ya que nadie debe perder el esfuerzo de toda una vida por un delito que no cometió, porque en un Estado de derecho la justicia comienza cuando se distingue entre quien causa el daño y quien también lo sufre.

Con el objetivo de blindar el patrimonio de las familias michoacanas y poner fin a la impunidad en la apropiación ilegal de inmuebles, el diputado local David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal estatal en materia de despojo agravado.

La propuesta busca actualizar los artículos 226 y 227, además de adicionar el 227 bis, para endurecer las sanciones y proteger específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Con esta acción, se propone elevar el castigo actual (de 1 a 5 años) a un rango de 3 a 10 años de prisión para quien cometa el delito de despojo. Además, se establecen agravantes severas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o adultos mayores que vivan solos.

Esta iniciativa tipifica y sanciona la participación dolosa o negligente de funcionarios notariales que faciliten estos actos ilícitos mediante la falsificación o validación indebida de documentos. En casos de despojo reiterado o perpetrado por grupos organizados, las penas podrían alcanzar hasta los 20 años de cárcel.

"No podemos permitir que el esfuerzo de toda una vida de los michoacanos se pierda por lagunas legales o actos de corrupción. Esta reforma es un paso firme hacia la seguridad jurídica y la justicia social", afirmó el legislador Martínez Gowman.

El legislador subrayó que el despojo no solo afecta la economía de las familias, sino que vulnera la paz social. Con esta reforma, se pretende que el sistema de justicia cuente con herramientas reales para castigar a los responsables y, sobre todo, para disuadir la comisión de este delito que ha crecido en diversas regiones del estado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla invitó a jóvenes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de la región de Tierra Caliente del estado a registrarse al Programa Data, para que ninguno se quede sin internet gratis mientras estudia. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, el mandatario informó que tienen hasta el domingo 8 de marzo para entrar a la plataforma data.michoacan.gob.mx y llenar el formulario para, del 17 al 27 de este mismo mes, recibir uno de los 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad, donados por el Gobierno de México. 

“El Gobierno del Estado va a pagarles cada semestre un plan con cuatro gigabytes de internet al mes; redes sociales ilimitadas como Facebook, Instagram o Telegram; así como mensajes y llamadas ilimitadas. Solo tienen que registrarse al Programa Data, queremos que fortalezcan su formación académica”, expuso Ramírez Bedolla. 

Por su parte, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, destacó que en Apatzingán se verán beneficiados alrededor de 5 mil estudiantes de los niveles media superior y superior, a quienes convocó a sumarse a esta estrategia que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En tanto, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, explicó a las alumnas y alumnos beneficiados que el Programa Data les permitirá acceder a bibliotecas digitales, clases en línea, diplomados, cursos o microcertificaciones.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; el director del Instituto Tecnológico, Fidel Báez Benito; y estudiantes beneficiados.